El informe técnico está en manos de la Dígmer, pero será su Consejo el que decida la construcción

La construcción del puerto de aguas profundas de Posorja, a cargo de la empresa Alianza Internacional Portuaria (Alinport), del grupo español Albacora, espera dos vistos buenos.
El primero tiene que ver con el aspecto técnico de la Dirección General de la Marina Mercante (Dígmer), y el otro, con el permiso de operación que lo debe otorgar el Consejo Nacional de la Marina Mercante, presidido por el ministro de Defensa, Wéllington Sandoval.

Hasta ahora, Alinport solo cuenta con un permiso provisional y se acogió a la Ley de Beneficios Tributarios, propuesta por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que impulsaba la exoneración del pago del 100% de los impuestos nacionales y de hasta el 95% de los locales en materias específicas como la generación hidroeléctrica y eléctrica, la refinación e industrialización de hidrocarburos, la construcción de puertos de aguas profundas, entre otras.

Por esto, en su momento, la participación de esta empresa fue cuestionada por el Gobierno.
De hecho, el gerente general de Alinport Ecuador, Carl Jensen, dijo que respetará “cualquier ley predominante” y que el proyecto ha sido redefinido y que reposa ahora con las autoridades de Ecuador para su aprobación definitiva. Por lo que se espera que todo ello sea concedido “lo antes posible”. Sobre todo, cuando el informe técnico detallado de la obra, que costará $450 millones, ya está en manos de la Dirección de Puertos.

El dictamen final, a criterio del almirante Samuel Franco, subdirector de Puertos de la Dígmer, sería favorable, debido a que hasta la fecha no ha presentado ningún problema técnico. Sin embargo, la decisión final será asumida por el Consejo Nacional de la Marina Mercante.

“Solo allí se dará la aprobación oficial y la construcción podrá iniciarse”, precisó, a tiempo que aclaró que esa decisión es independiente a la que el Estado pueda asumir posteriormente.
La sesión del Consejo Nacional de la Marina, presidida por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, se celebraría en abril.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, dijo no saber aún sobre algún petitorio de construcción.

Mientras que en Posorja, en el sitio donde se levantará la obra, que comprende 200 hectáreas, el trabajo de removimiento de tierra se realiza sobre las primeras 20.

Allí la expectativa es mucha. Sobre todo porque conocen sobre el desarrollo económico que despertará el puerto y la estadía de empresas como Alinport, del grupo danés AP Moller-Maersk, que conjuntamente con las ecuatorianas, como el Grupo Vilaseca y el Consorcio Nobis, aportan al proyecto.

El puerto será clave para las compañías que allí procesan el 70 % de la producción y exportación de atún. Las principales empresas favorecidas son: Negocios Industriales Reales S.A. (Nirsa), Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. (Empesec) y Salica del Ecuador.

El proyecto se ejecutará en tres fases. Todo con el fin de que las operaciones comerciales arranquen en 2010.

Con la infraestructura inicial, la meta será movilizar 730 mil teus (contenedores de 20 pies) cada año, con un patio de contenedores de 262 mil metros. En la segunda, se extenderá sus muelles hasta 980 metros y se procesará 1,1 millones de teus, mientras que, al final, abarcará 1,5 millones. (NMCH)

El Puerto de Guayaquil alínea estrategias para no perder clientes

El traspaso de más de 30 mil contenedores de la empresa APL, del Puerto de Guayaquil, a un puerto privado no preocupa, pero sí provoca una alineación de estrategias.

Luis Caro, gerente general de Contecon Guayaquil S.A., concecionaria del puerto, afirma que hasta ahora, en los ocho meses a cargo de la terminal portuaria ya han invertido $90 millones, de los $170 que estimaron concretar en los primeros cinco años.

Caro reconoce que si bien APL representaban el 5% del movimiento de carga del puerto, ellos han trabajado sujetos a una reglamentación bastante estricta y que su único mecanismo para competir es con el servicio, a tráves de gente capacitada y un sistema informático avanzado denominado Navis.
Paralelamente, lo harán con obras de infraestructura. En abril próximo, con una inversión de $25 millones, se construirá un nuevo muelle, además se reforzará el existente y los patios, en lo cual se pretende gastar $9 millones.

También se adquirirá maquinaria nueva valorada en $32 millones, a fin de que todo esté listo en febrero de 2009.

Asimismo, mejorarán las vías de acceso al muelle de carga bananera, que se ha visto bastante deterioradas con las lluvias. En ello, según el gerente, se invertirán otros $3 millones.

Los primeros ocho meses no han sido tarea fácil. Se debieron vencer muchos obstáculos. “Hemos trabajado mucho en seguridad... Ahora los robos y problemas de corrupción ya no se dan aquí sino afuera”, dijo Caro, a tiempo que precisó que los gastos por este concepto superan los $200 mil mensuales. Contecon ha colocado tres empresas de seguridad, 105 cámaras de vigilancia y ha reducido los permisos de acceso de 27 mil a 9 000.

Durante los primeros cinco meses, desde el 1.º de agosto a diciembre de 2007, facturó $30 millones, mientras que tuvo pérdidas de $2,5 millones, pero para Luis Caro, están dentro de los cálculos normales de una empresa que empieza operar.

La carga actual del Puerto fluctúa en los 600 mil contenedores. (NMCH)